El ejercicio de la profesión debe regirse por criterios de eficacia, independencia y responsabilidad, garantizando que la actuación de los colegiados se desarrolle conforme a las buenas prácticas, el marco normativo vigente y los principios éticos, asegurando una correcta y profesional gestión de las comunidades que administran.

El Colegio asume la función de representar de manera exclusiva a la profesión, tanto en el ámbito procesal como en otros espacios institucionales, defendiendo los intereses comunes de los colegiados y promoviendo una presencia activa y respetada en los foros donde se regulen o debatan aspectos de la actividad profesional.

Se fomenta de manera constante la mejora de la calidad en las prestaciones profesionales, impulsando la formación continua, la actualización normativa y técnica, así como el perfeccionamiento de las competencias, con el fin de ofrecer servicios eficaces, transparentes y adaptados a las nuevas exigencias del entorno social y legal.

Se mantiene una colaboración activa y permanente con las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, participando en aquellos ámbitos donde la aportación del Colegio permita mejorar la gestión pública y promover una práctica profesional ética, cualificada y comprometida con el interés general.